UN JUEZ DE NEVADA DICTAMINÓ QUE ICE NO PUEDE ENCARCELAR A TODAS LAS PERSONAS QUE ENFRENTAN LA DEPORTACIÓN.
La decisión legal podría beneficiar a cientos de inmigrantes, permitiendo que más de 60 individuos por semana soliciten su liberación en el estado.
La Administración Trump revirtió décadas de política migratoria el verano pasado al determinar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debía encarcelar a casi todas las personas que enfrentan la deportación, incluso si han vivido en el país durante décadas y carecen de antecedentes penales.
Sin embargo, la semana pasada, un tribunal federal en Nevada falló en contra de dicha política, dictaminando que viola la ley federal y causa un «daño irreparable» a quienes son arrestados.
La decisión, emitida por el juez federal de distrito, Richard Boulware II, marca la primera vez que una demanda colectiva en Nevada logra anular una política del Departamento de Seguridad Nacional; además, podría afectar a cientos de personas, permitiendo que más de 60 individuos por semana soliciten su liberación en Nevada.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nevada, una de las partes demandantes en el caso, declaró que esta medida podría permitir que potencialmente miles de detenidos por motivos migratorios soliciten su liberación bajo fianza, y que la resolución se aplica a los inmigrantes que cumplan los requisitos en todo el estado.
El fallo representa un éxito rotundo para los defensores de los derechos de los inmigrantes en Nevada, quienes han estado oponiéndose a la creciente colaboración de los gobiernos locales con ICE. Desde que el presidente, Donald Trump, asumió el cargo, los arrestos de inmigrantes se han disparado en Nevada, y la mayoría de los detenidos no poseen antecedentes penales violentos. Asimismo, el estado alberga uno de los centros de detención con mayor hacinamiento del país.
«Esta decisión tiene consecuencias de enorme trascendencia», afirmó Athar Haseebullah, director ejecutivo de ACLU en Nevada, en una entrevista con The Nevada Independent. «Si este fallo se mantiene firme, las personas tendrán la oportunidad de reunirse nuevamente con sus familias».
Cómo funciona
La Administración Trump ha promocionado esta política —conocida como «detención obligatoria»— como un elemento clave de su campaña de deportaciones masivas. La norma, que se aplica a los inmigrantes que ingresaron al país sin ser inspeccionados y fueron detenidos dentro del territorio estadounidense, no solo somete a un mayor número de personas a la detención mientras estas luchan contra su deportación, sino que también les impide solicitar a un juez de inmigración que considere su liberación bajo fianza. Más de 100 jueces en todo el país han fallado en su contra, calificándola como una violación de los derechos al debido proceso, dado que impide a las personas impugnar su detención.
A principios de semana, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos falló a favor de la Administración Trump en un caso similar, aunque dicha resolución solo afectaría a ciertas zonas de California. Antes de la implementación de la política, las personas que no habían cometido delitos graves con agravantes o a quienes se les había emitido una orden de expulsión en la frontera podían solicitar la libertad bajo fianza.
En un comunicado emitido el viernes, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró: «Los activistas judiciales han sido desautorizados reiteradamente por la Corte Suprema en estas cuestiones. ICE tiene la ley y los hechos de su lado, y continuará acatando todas las decisiones judiciales hasta que estas sean finalmente anuladas por el tribunal más alto del país».
